Dictaduras, fin de la Restauración y proclamación de la II República: Bienio Reformista. Parte 5.

El 15 de abril de 1920, en la Casa del Pueblo en Madrid, una escisión del PSOE, por influencia de la Revolución Rusa, fundó el Partido Comunista Español.

El 8 de marzo de 1921 fue asesinado en Madrid, el Presidente del Gobierno Eduardo Dato4º Presidente asesinado, por tres asesinos pistoleros contratados en Barcelona, Matéu, Nicoláu y Casanellas, que no eran los anarquistas que la historia nos ha querido colocar, sino revolucionarios catalanes de alquiler, y pistoleros profesionales, que venían del mercado de  criminales en el que se convirtió Barcelona entre 1918 y 1921; cuatro meses más tarde, el 22 de julio de 1921, se produjo el Desastre de Annual.

Annual.

La lucha por el poder se radicalizó. Los liberales hicieron en 1922 una campaña electoral muy dura para derribar al gobierno conservador, considerando absolutamente necesaria la reforma de la Constitución y la puesta en marcha de un amplio programa social. El rey cesó al gobierno, y llamó al liberal  García Prieto, que formó uno, compuesto por personas de la familia liberal y de los republicanos reformistas. Pero el sistema estaba acabado, ya que era imposible seguir con un Régimen basado en la prerrogativa regia y en el turno bipartidista con un solo partido; el fin del bipartidismo provocó la crisis de la Restauración.

La Restauración había llevado consigo una profunda centralización administrativa y legal. Al desaparecer, saltaron los agazapados nacionalismos periféricos: los catalanes con su revolución burguesa y su identidad cultural, y los vascos, que deseaban dibujar un futuro más confortable tras la pérdida de los Fueros en la última guerra carlista, apareciendo los partidos nacionalistas: el Partido Nacionalista Vasco (PNV), la Liga de Cataluña y la Unión Catalanista.

Los movimientos obreros se acercaron al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fundado en 1879, con el objetivo de lograr una participación electoral democrática auténtica. Básicamente estos movimientos fueron la Unión General de Trabajadores (UGT) –sindicato socialista-, fundado en 1888, los anarquistas de la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE) y los anarcosindicalistas de la Unión General de Trabajadores (CNT), fundada en 1910.

La monarquía reaccionó ante estos movimientos sociales con una fuerte represión, en especial contra el anarquismo, con episodios especialmente numerosos y graves en Cataluña.

La Iglesia católica, evolucionó desde la inmóvil intransigencia inicial, hacia la conciliación relativa; obligó al Estado a cumplir la Constitución –como no-, cuyo artículo 11 proclamaba la confesionalidad católica del Estado, reclamando así mismo, su derecho al adoctrinamiento religioso en la enseñanza reconocido por el Concordato, con la supervisión y censura de los contenidos a impartir. Tampoco permitió la Iglesia, la regulación del matrimonio civil, hasta que  el Vaticano reconoció al Estado la potestad de regular los efectos civiles del matrimonio.

La sociedad se encontraba dividida en varias partes muy diferenciadas: la de los partidos tradicionalistas, monárquicos, fundados por Cánovas y Sagasta, que vivían de espaldas a la España real, la de la nueva burguesía, la de los republicanos y nacionalistas, que buscaban su lugar en el espacio nacional, y la de los proletarios, arracimados alrededor del PSOE, sindicados en la UGT, el sindicato anarquista y la CNT.

A partir de 1923, se sucedieron acontecimientos importantes que al final desembocaron primero en la dictadura de Primo de Rivera, después en una dictablanda del general Berenguer y por fin en la Segunda República: los militares estaban descontentos con la política blandengue del Gobierno frente al Protectorado de Marruecos -al margen de lo que mal que se había hecho en Annual-, al que se le pagaron 4 millones de pesetas de las de entonces, por la liberación de los trescientos y pico militares que llevaban 18 meses prisioneros desde el Desastre, el pistolerismo de las calles, el radicalismo de la clase obrera y la constitución en las Cortes de una comisión parlamentaria, en septiembre de 1923, para investigar lo sucedido en Annual, hicieron que el día 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera, se pronunciara en Barcelona, siendo inmediatamente reconocido por el rey –que no atendió a los ruegos de los políticos gubernamentales ni de los contrarios-, que le encomendó la formación de gobierno, dejando sin vigencia a continuación la Constitución de 1876: comenzaba una DICTADURA, con rey, que duraría hasta el 28 de enero de 1930, dictadura sustentada por un partido político ÚNICO: la Unión Patriótica.

Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera.

Emblema de la Unión Patriótica.

Hechos destacables de este período pudieran considerarse la sustitución del Directorio militar por uno civil en 1925, el Desembarco de Alhucemas –en el mismo año-, que fue una acción militar, que acabó con las interminables guerras de Marruecos, la constitución en octubre de 1927 de una Asamblea Nacional legislativa y parlamentaria, cuyos componentes fueron nombrados por el rey, la muerte de la reina madre en febrero de 1929 y por fin, la dimisión presentada por Primo de Rivera el 28 de enero de 1930, terminando así ese período de esa dictadura.

Desembarco en Playa Ixdain. Alhucemas.

El rey pidió al general Dámaso Berenguer la formación de un gobierno, que llegó con la intención de volver al sistema parlamentario y a la Constitución de 1876: LA DICTABLANDA.

Ese mismo año se llevó a cabo el Pacto de San Sebastián entre los nacionalistas vascos y catalanes y los socialistas para actuar contra la monarquía, en el día a día, y especialmente en las elecciones.

Al año siguiente -1931-, el general Berenguer fue sustituido por el almirante Juan Bautista Aznar-Cabañas, convocándose para el 5 y 12 de abril –primera y segunda vuelta- elecciones municipales. Aunque la suma del número de concejales obtenidos por los monárquicos fue muy superior al de los logrados por los republicanos, la mayoría de las alcaldías de las ciudades importantes fueron ganadas por los republicanos, y los políticos monárquicos, los miembros del gobierno –excepto dos-, los consejeros de palacio y los dos generales con mayor capacidad de mando en ese momento, Berenguer y Sanjurjo, consideraron que el resultado había sido una especie de plebiscito, implicando un apoyo indudable a la república y una repudia clara a la monarquía.

El hecho de que la victoria republicana hubiera sido urbana, pudo contribuir a esa sensación de derrota, pero lo que más influyó, fue la creencia de que los republicanos tomarían la calle, arrastrando  a los españoles a un sangriento enfrentamiento.

Durante la noche del 12 al 13 de abril, el general Sanjurjo, a la sazón al mando de la Guardia Civil, puso de manifiesto que no contendría un levantamiento de los republicanos contra la monarquía.  Enterados los republicanos de esta posición de la Guardia Civil, rechazaron  el ofrecimiento de Romanones y Maura -con el consentimiento del rey- de unas elecciones a cortes constituyentes.

Los republicanos, conscientes del miedo del adversario y de la debilidad institucional, no sólo rechazaron la propuesta, sino que exigieron la marcha del rey antes de terminar el catorce de abril, convocando manifestaciones violentas organizadas, cuya finalidad era meter miedo en el cuerpo a los monárquicos: el 14 de abril de 1931, Alfonso XIII, deprimido por la muerte de su madre y recordando el final de los Romanov, no deseando además una guerra civil, se marchó, permitiendo que se proclamara la Segunda República.   Fue en coche hasta Cartagena, en donde embarcó en el Principe Alfonso rumbo al exilio.

Buque de guerra  Príncipe Alfonso.

Tras la marcha del monarca , el presidente del comité revolucionario, Alcalá Zamora, proclamó desde un balcón de la Puerta del Sol a las 19,00 horas, el nacimiento de  la II República, ante la algarabía del pueblo madrileño; «Las elecciones del domingo han tenido un complemento grandioso con el requerimiento que ayer hizo la opinión pública para que el régimen monárquico desaparezca y la implantación en el día de hoy de la República por un acto de voluntad soberana, de iniciativa del país sin el menor trastorno, completando aquella empresa de tal manera, que el mundo entero sentirá y admirará la conducta de España, ya puesta en otras manos con un orden ejemplar«, declaró Alcalá Zamora.

Niceto Alcalá Zamora Presidente de la República y Manuel Azaña Presidente del Gobierno.

De manera inmediata se formó un Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora y formado por republicanos de izquierda y derecha, socialistas y nacionalistas,  que debería dirigir el país hasta unas nueva Cortes Constituyentes, que crearan una nueva Constitución que pudiera sustanciar y sustentar el nuevo régimen, comenzando de este modo lo que se denominó  BIENIO REFORMISTA  O SOCIAL-AZAÑISTA (1931-1933).

El nuevo gobierno tuvo que responder desde un principio al ansia popular y general de reformas. Inició reformas laborales, emprendió la reforma militar, tomó las primeras medidas para la reforma agraria, cambió la ley educativa y puso en marcha el Estatuto provisional de autonomía de Cataluña (siempre las mismas estrellas en la peli).

El ambiente social se encrespó por las huelgas frecuentes y agresivas generadas por la CNT anarquista y los enfrentamientos entre la Iglesia y el nuevo gobierno. El sector más conservador de la Iglesia, defendía sus derechos constitucionales, lo que supuso  todo tipo de dificultades al nuevo ejecutivo, especialmente en la implantación del nuevo sistema educativo. El anticlericalismo surgió con fuerza y en mayo de 1931, iglesias y conventos fueron asaltados y quemados. Los católicos se pusieron en contra desde el primer momento al nuevo régimen republicano.

En junio de 1931, tuvieron lugar las elecciones a Cortes Constituyentes, siendo el resultado de una clara mayoría para la coalición republicano-socialista. La nueva Constitución, aprobada en diciembre de 1931, plasmó la ideología de esta mayoría, siendo sus principios más importantes:

La declaración del nuevo estado español como una «República democrática de trabajadores de todas clases».

La obtención del derecho a voto para las mujeres: sufragio universal para todos.

El establecimiento de nuevos derechos civiles y la ampliación de algunos existentes, en cuanto a la legalización del divorcio y la equiparación de hijos legítimos e ilegítimos.

Establecimiento  del derecho a la educación,  y la organización de los poderes del Estado con un Legislativo unicameral, un Ejecutivo con un Presidente –Niceto Alcalá Zamora- con escasos poderes y un Jefe de Gobierno –Manuel Azaña- que debía someter sus decisiones a las Cortes, siguiendo el Judicial como hasta entonces. en  mano de los tribunales.

Y es en este momento de nuestra historia cuando se decreta el derecho de las regiones a establecer Estatutos de Autonomía.

Se definió a España como un estado laico, separando  la Iglesia del Estado y anulando de los Presupuestos las partidas para el culto, prohibiendo a la Iglesia ejercer en la educación.

El colectivo militar fue también objeto de reformas importantes –Ley de marzo de 1932-, especialmente las relativas a la enseñanza militar debate cadetes con estudios universitarios o no- (la historia se repite), al retiro de numerosos oficiales generales que durante seis meses no tuvieran destino (aprovechando esta circunstancia para retirar a los no incondicionales a la República) y de oficiales particulares, que además perderían su pensión si eran hallados culpables de difamación; SIC: sería intolerable para la República el tener que pagar a sus “enemigos” (Manuel Azaña).

Hubo dos Gobiernos Provisionales, el primero presidido por Alcalá Zamora 14 abril 1931 a 14 octubre 1931, el segundo, presidido por Azaña desde 14 octubre de 1931 a 16 de diciembre 1931. El tercero, primero no provisional de este Bienio Reformista, fue presidido también por Manuel Azaña desde el 16 de diciembre de 1931 al 12 de  junio de 1933. Aún hubo tres gobiernos más hasta las elecciones de finales de 1933: uno -el cuarto- presidido por Manuel Azaña Díaz de Acción Reublicana, el quinto, presidido por Alejandro Lerroux del Partido Republicano Radical, y el sexto y último por Diego Martínez Barrios, también del PRR.

To be continued in part 6.