Elecciones legislativas de febrero de 1936; Alzamiento Nacional. Parte 7.
La reacción del gobierno de derechas, tras las revoluciones de Asturias y catalana, fue el endurecimiento de su política, suspendiendo el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sin embargo, las diferencias entre el Partido Republicano Radical y la cada vez más extremista CEDA -en el Gobierno- crecían. Sirvan como botón de muestra los nombramientos militares que hizo Gil Robles, como nuevo ministro de Defensa, de generales claramente contrarios a la república, designados para puestos clave en la estructura del Ejército, como Franco, que fue nombrado el 17 de mayo de 1935, Jefe del Estado Mayor.
La crisis definitiva gubernamental llegó con el escándalo del Estraperlo, corrupción que afectó a altos cargos. Lerroux y el Partido Radical cayeron en un descrédito total y con la aparición de nuevos escándalos, se precipitó el fin de la legislatura, convocándose nuevas elecciones a Cortes en febrero de 1936.
El escándalo del estraperlo que provocó la convocatoria de nuevas elecciones.
En un ambiente de gran radicalización, se presentaron las siguientes candidaturas a las elecciones de febrero de 1936: el Frente Popular, que fue un pacto electoral de toda las izquierdas firmado por los partidos IZQUIERDA REPUBLICANA, PSOE, PCE, POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, no pidiendo la CNT la abstención como en otras ocasiones, pero apoyando naturalmente a la coalición de izquierdas.
La derecha agrupó sólo a la CEDA, y a RENOVACIÓN ESPAÑOLA. La FALANGE y el PNV se presentaron de manera independiente.
La victoria fue para el Frente Popular en las ciudades y en las provincias del sur y periféricas, obteniendo la derecha más votos en el norte y en el interior. En realidad, nunca se publicaron los resultados -en votos- de la primera vuelta. El recuento de los votos y la consecuente atribución de actas fue un auténtico dislate por la presión violenta de los piquetes de la izquierda, que adulteraron los escrutinios atribuyendo votos a su albedrío. La derecha denunció el robo de papeletas, pero sus quejas no fueron atendidas por “falta de pruebas”. Portela Valladares, Presidente del Gobierno, asustado por el estado de violencia, dimitió el 19 de febrero, resolviendo el Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, dar el poder a Azaña, vencedor de la primera vuelta, sin esperar a la segunda, de modo que la segunda ronda de las elecciones –porque era un sistema de dos vueltas- se verificó bajo el control de los mismos que habían adulterado la primera. Puede tildarse de “pucherazo” o fraude.
Celebración de la victoria electroral por el Frente Popular.
Franco por entonces -general desde los 33 años y entonces con 44-, aparecía en la vida pública pero con prudencia, siendo consciente de su impopularidad en el Frente Popular. Había sido gentilhombre de cámara de Alfonso XIII -el rey apadrinó su boda-, director de la Academia Militar de Zaragoza –hasta que Azaña la cerró-, relegado luego al mando de una brigada en La Coruña y compensado más tarde con un destino en las Baleares, entrando en la cúpula militar cuando el gobierno de Gil Robles le ascendió a general de división y le encomendó la misión de sofocar la revuelta de Asturias en octubre de 1934, cosa que realizó, dándole el mando en el teatro de operaciones al general López Ochoa –republicano y masón-. En 1935, Franco fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército, un nombramiento que situaba al general en la esfera de la derecha republicana. Por eso fue enviado a Canarias en cuanto Azaña llegó al poder.
Si Alcalá Zamora esperaba poder controlar a la izquierda republicana, y Azaña pensó que podía controlar a su vez a los socialistas, se equivocaron los dos. El Estado de alarma, proclamado formalmente por el gobierno de Portela Valladares el 17 de febrero de 1936, fue prorrogado después, mes tras mes, por el gobierno de Azaña en contra de lo prometido en su programa.
La violencia se había adueñado de las calles: entre febrero y junio de 1936 hubo más de trescientos asesinatos políticos. Las acciones llevadas a cabo por los anarquistas años atrás, durante el primer mandato de Azaña, eran ahora secundadas y proseguidas por los socialistas que se sumaban a los asesinatos e incendios, y claro, la derecha extrema, sólo necesitó una mecha de puesta en marcha para pasar a la acción.
El gobierno, ante esta situación, se vio desbordado por los acontecimientos. Podía intentar reprimir a las derechas, pero lo tenía mucho más difícil con las izquierdas, porque su mayoría parlamentaria dependía de ellas.
Para intentar alejar el clima de guerra civil y asentar su poder, Azaña y el socialista Indalecio Prieto –moderado- urdieron una maniobra para quitar a Alcalá Zamora de la Presidencia de la República. Para echarlo, utilizaron una argucia legal: la ley limitaba sólo a dos, las posibilidades del Presidente de la República de disolver las Cortes, y la segunda debía ser sometida a la aprobación de la cámara. Alcalá Zamora, en efecto, había disuelto las cortes dos veces: una, para formar la formación de las Cortes Constituyentes -1931-, y la segunda -sin consultar- para convocar las elecciones de febrero de 1936. Esta fue la razón argüida por Azaña y Prieto para acusar al Presidente de haber disuelto las cortes injustificadamente. En realidad, se trataba de un golpe de estado político. El objetivo era nombrar a Azaña Presidente de la República y a Indalecio Prieto, Presidente del Gobierno.
Manuel Azaña fue nombrado Presidente de la República y lo de Indalecio Prieto, hombre fuerte del ala moderada del PSOE, no pudo ser, porque el Partido Socialista –Largo Caballero envidioso y líder del ala radical del PSOE- se negó, obligando a Azaña a formar un gobierno presidido por Casares Quiroga y con ministros que fueran exclusivamente republicanos de izquierda, sin la participación del PSOE. Así, nacía un gobierno débil, que inició de forma inmediata la CONTRARRECTIFICACIÓN de lo rectificado por el gobierno anterior –BIENIO RADICAL-CEDISTA-, concediendo la amnistía a todos los represaliados en las revoluciones de octubre de 1934, RESTABLECIENDO el Estatuto catalán, alejando de Madrid a los generales más antirrepublicanos: Franco a Canarias, Mola a Navarra y Goded a Baleares, reanudando la reforma agraria (sin esperar ningún respaldo legal, los jornaleros se lanzaron a la ocupación de todas las fincas), comenzando la tramitación de nuevos estatutos de autonomía.
La oposición del ala socialista mayoritaria/radical de Largo Caballero, no quería ver en modo alguno a Prieto en el gobierno. La ambición de Largo, que no admitía liderazgo alguno que no fuera el suyo -pensaba que otro que no fuera él, podría paralizar el proceso revolucionario-, le hizo llegar a provocar enfrentamientos a tiros entre las facciones de Prieto y la suya propia en la campaña electoral. Prieto se quedó definitivamente sin presidencia. Era abril de 1936.
La jefatura del gobierno acabó recayendo como se comentó anteriormente en un hombre de Azaña, Casares Quiroga, con sólo voluntad para ganarse el visto bueno de los revolucionarios. El resultado fue una política absolutamente arbitraria.
Esta política la sufrió Franco en sus carnes, cuando concurrió como candidato a las elecciones repetidas de Cuenca, que se realizaron debido a que las manipulaciones electorales de febrero, habían dejado esa circunscripción sin representantes. Hubo que repetir los comicios, y las derechas presentaron una lista compuesta por José Antonio Primo de Rivera –entonces en la cárcel-, Goicoechea -representante importante de los monárquicos de Renovación Española-, y Franco, animado por Gil Robles, entonces en la oposición. El Gobierno vetó la candidatura de Franco y el resultado final de las elecciones fue tan fraudulento como el de las generales.
Franco participaba junto a Mola, en una asamblea con generales retirados, manteniendo contacto con la CEDA y con José Antonio Primo de Rivera, pero todo ello casi en el anonimato. Franco había creado un servicio de contravigilancia para conocer el ambiente en los cuarteles, conociendo de ese modo, que el porcentaje de revolucionarios dentro de las fuerzas armadas era elevadísimo. Franco sabía que cualquier intento de apartar al Frente Popular del poder derramaría mucha sangre, viendo también que la inacción del Gobierno estaba llevando las cosas a una situación imposible. El 23 de junio Franco escribió una carta al presidente del Gobierno, Casares Quiroga, manifestándole su inquietud por la situación política y la preocupación en los ámbitos militares; Casares ni contestó.
Franco y Mola.
Mientras, la izquierda obrera había optado por una postura claramente revolucionaria, reivindicativa y de gran agresividad, y la derecha buscaba por su lado, el fin del sistema democrático, creándose un ambiente social irrespirable.
Desde el mes de abril de 1936, se sucedieron en la calle, enfrentamientos violentos entre falangistas y milicias socialistas, comunistas y anarquistas y agresiones contra representantes de la Iglesia Católica y sus edificios.
La trama política y militar para derrocar al gobierno del FRENTE POPULAR se ponía en marcha: los principales líderes de los partidos de derechas Gil Robles, Calvo Sotelo y Jose Antonio Primo de Rivera, animaban a los militares, cuyo número de comprometidos crecía: Franco, Goded, Fanjul, Varela, y Mola, en Pamplona, dirigiendo la organización de la insurrección, contando el movimiento con algunos reconocimientos internacionales: los contactos con Mussolini y Hitler habían comenzado.
El 12 de julio fue asesinado por extremistas de derechas el teniente de la Guardia de Asalto, afiliado socialista, José Castillo, y la madrugada siguiente el diputado José Calvo Sotelo, abogado del estado y exministro de Hacienda y diputado en Cortes por Renovación Española, siendo sacado a las tres de la madrugada de su casa de la calle Velázquez por un grupo de miembros de las fuerzas de seguridad, siendo asesinado a tiros a 200 metros de su casa por el guardia Luís Cuenca Estevas. La mecha del alzamiento se había encendido.
Cadáver de Calvo Sotelo.
El gobierno de Casares Quiroga, incapaz de controlar el país, vio como el 17 de julio de 1936, el Ejército en Marruecos, iniciaba la insurrección contra el gobierno de la República, provocando los primeros triunfos parciales el desencadenamiento de la guerra civil.
Franco a su llegada a Tetuán desde Canarias.
Estos fueron los mimbres que impulsaron al Ejército a derrocar a un Gobierno semilegalmente establecido -con nubarrones de pucherazo-, pero incapaz de tomar las riendas de una nación con una población ya desatada –primero las izquierdas y luego todos-, y con más de siglo y medio de guerras sin norte político y vaivenes que produjeron pobreza e inestabilidad a los españoles.
To be continued in part 8.
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